Ciudad de México - Policías federales detuvieron la madrugada del martes al alcalde de la ciudad mexicana de Iguala y a su esposa, considerados los autores intelectuales de un ataque que derivó en la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio que ha sacudido al país.
El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en Iztapalapa, una zona popular del oriente de la Ciudad de México, informó la Policía Federal a través de su cuenta de Twitter.
Dos funcionarios mexicanos, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa, dijeron más temprano que agentes de la Policía Federal realizaron una operación en la que no se hizo ni un solo disparo.
Ambos fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la capital mexicana, donde rinden declaraciones sobre la desaparición el 26 de septiembre de los estudiantes de magisterio de la Normal Superior de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
La detención de la pareja podría arrojar luz sobre el paradero de los jóvenes.
Abarca y Pineda son señalados como los autores intelectuales del ataque de la policía municipal y posterior intervención de un grupo de narcotraficantes, que derivó en la muerte de seis personas y la desaparición de los estudiantes.
En una conferencia el 22 de octubre el procurador general Jesús Murillo Karam dijo que la intención del ataque fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con el cártel de los Beltrán Leyva.
Karam ha dicho que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido por el momento nueve fosas con un total de 30 cadáveres. Según los informes preliminares no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero tampoco han sido identificados.
Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio de los restos para descartar posibles errores.
Murillo ofreció un relato detallado de los hechos que figuran por el momento en la investigación federal, que continúa abierta y ha destapado que el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero -Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal- que implicaban tanto a funcionarios de la administración como a policías locales.
El procurador detalló que Guerreros Unidos entregaba con periodicidad variable, semanal y mensual, entre dos y tres millones de pesos (entre $150,000 y $222,000 dólares) a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
El grupo delictivo, cuyo principal operador era Pineda, hermana de dos responsables financieros del Cártel de los Beltrán Leyva, decidía incluso los ingresos de nuevos policías municipales.
Por el momento 56 personas entre policías, funcionarios municipales y miembros de Guerreros Unidos están detenidas.
Respecto de los hechos del 26 de septiembre, la alcaldía temía que se produjesen incidentes el día que desaparecieron los estudiantes debido a que ya había antecedentes: en junio de 2013 la alcaldía de Iguala fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines al alcalde y un grupo de manifestantes entre los que se encontraban estudiantes de la misma escuela de los hoy desaparecidos.
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