Washington -- Para el gobierno de Estados Unidos, ¿cuánto valen las conversaciones privadas de los ciudadanos? Depende de la tecnología que se utilice, pero puede llegar a ser una fuerte suma.
En la era de la vigilancia gubernamental intensa y las cortes secretas, ha surgido un tenebroso mercado multimillonario. Pagadas con dólares de los contribuyentes, pero con escasa supervisión pública, las tarifas de vigilancia que cobran en secreto las compañías tecnológicas y telefónicas varían enormemente.
AT&T, por ejemplo, cobra una "tarifa de activación" de 325 dólares por cada escucha telefónica y 10 dólares diarios para mantenerla. Empresas más pequeñas como Cricket y U.S. Cellular cobran unos 250 dólares por escucha. ¿Pero cuánto cuesta espiar a un cliente de Verizon? El gobierno debe pagar 775 dólares el primer mes y 500 dólares cada mes subsiguiente, según revelaciones del sector al representante demócrata por Massachusetts Edward Markey.
En cambio, los correos electrónicos obtenidos por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) por medio del programa que sacó a la luz el ex analista Edward Snowden probablemente resultaron gratuitos o muy baratos. Facebook dice que no le cobra al gobierno para darle acceso. Microsoft, Yahoo y Google se niegan a revelar cuánto cobran, pero la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) descubrió que el gobierno obtiene los correos por 25 dólares, más o menos.
El sector dice que no obtiene ganancias de los cientos de miles de pedidos que recibe del gobierno cada año, y los grupos defensores de las libertades quieren que las empresas cobren. Temen que la vigilancia le resulte demasiado barata al gobierno a medida que las compañías automatizan sus sistemas. Y si lo hacen gratuitamente, ¿eso no alentaría la vigilancia innecesaria?
Pero los defensores de la intimidad quieren que las compañías revelen cuánto cobran y avisen a sus clientes cuando descubren que sus comunicaciones están siendo monitoreadas.
"No queremos que la vigilancia se convierta en una fuente de ganancias", dijo Christopher Soghoian, principal experto en tecnología de la ACLU. Pero "siempre conviene cobrar un dólar. Crea fricción y crea transparencia" porque deja un rastro que se puede rastrear.
Independientemente del precio, el negocio de la vigilancia crece. Desde hace mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos cuenta con acceso a las redes telefónicas y de internet bajo una ley que obliga a las compañías de comunicación a brindar ayuda a las fuerzas del orden con el fin de atrapar a presuntos delincuentes y terroristas. Más recientemente, el FBI ha presionado a compañías tecnológicas como Google y Skype para que le den acceso en tiempo real a sus servicios de comunicaciones. Y, como lo demuestran las últimas revelaciones sobre las prácticas de la NSA, el sector de inteligencia estadounidense tiene gran interés en analizar la información y los contenidos que pasan por las compañías tecnológicas con el fin de recolectar inteligencia en el extranjero.
El FBI dijo que no podía determinar cuánto gasta en reembolsos al sector porque los pagos se efectúan a través de una serie de programas, oficinas locales y fondos específicos. La agencia federal dijo en un correo electrónico que cuando un cobro le parece cuestionable, pide explicaciones y la colaboración de la compañía en cuestión para conocer la estructura de costos.
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