San Diego -- Carlos González vivió casi todos sus 29 años en un país al que considera su casa, pero ahora se encuentra en el lado equivocado de la frontera y en el lado equivocado de una iniciativa de reforma migratoria que podría conceder la residencia legal a millones de personas.
González, deportado en diciembre de Santa Bárbara, Calif., a Tijuana, es uno de casi dos millones de individuos expulsados de Estados Unidos desde la elección de Barack Obama como presidente.
"No tengo a nadie aquí", dijo González, quien sirve desayunos en un albergue para migrantes en Tijuana, donde convalece de las múltiples fracturas que se hizo en un pie al saltar la valla fronteriza en un intento fallido por reunirse con su madre, dos hermanos y el resto de su familia que vive en California.
"Estados Unidos es lo único que conozco", apuntó.
Aunque la iniciativa de reforma migratoria que presentó el Senado este mes contribuiría a que salgan de las sombras algunos de los 11 millones de personas que se calcula viven sin autorización en Estados Unidos, no beneficiará a todos.
Entre los excluidos figuran quienes hayan llegado después del 31 de diciembre del 2011, quienes tengan parejas gay con residencia legal en Estados Unidos, hermanos de ciudadanos estadounidenses y muchos deportados como González.
Como la inmigración neta procedente de México es casi cero, se cree que sea relativamente pequeña la cifra de personas que ha llegado desde enero del 2012 a Estados Unidos, posiblemente de unos cuantos cientos de miles.
Entre ellos figura Isaac Jiménez, de 45 años, que pagó $4,800 a un contrabandista de personas para que lo guiara por el desierto de California a fin de reencontrarse con su esposa e hijos en Fresno.
"Mis hijos están aquí, todo lo mío está aquí", dijo Jiménez, desde Fresno. Ha vivido sin autorización desde 1998 en Estados Unidos y regresó voluntariamente en 2012 al sur de México para ver a su madre antes de que ésta muriera.
Dura pelea
A la fecha, los defensores izquierdistas de la inmigración han mostrado una disposición limitada para pelear a favor de que se amplíe la cobertura mientras se preparan para una difícil batalla en el Congreso.
Algunos en este sector apuntan sus baterías hacia otras medidas de la legislación, como la opción a la ciudadanía en un periodo de 13 años, plazo que consideran muy largo, y una partida presupuestaria de $4,500 millones para incrementar la seguridad en la frontera.
"(La iniciativa) no va a incluir a todos", dijo Laura Lichter, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. "No es perfecta. Creo que se escucha a mucha gente decir que 'no se permita a lo perfecto ser enemigo de lo bueno', y esto es bueno", apuntó.
Peter Núñez, quien apoya políticas restrictivas y es presidente del Centro de Estudios para la Inmigración en Washington, dio al proyecto de ley una calificación de 8 o 9 en una escala de 1 a 10, con el 10 representando lo más incluyente.
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