Seattle -- Las autoridades migratorias alcanzaron la cifra más alta de empresas auditadas en busca de trabajadores indocumentados que estén en sus nóminas durante el año fiscal que está por terminar.
Las auditorías de documentos migratorios I-9 en empresas aumentaron de 250 en el año fiscal 2007 a más de 3,000 en en 2012.
Del 2009 al 2012, la cantidad total de multas creció de un $1 millón a casi $13 millones. La cifra de gerentes de empresas arrestados por contratar indocumentados se incrementó a 238, de acuerdo con datos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La investigación a empresas ha sido uno de los pilares de la política migratoria del presidente Barack Obama.
Cuando habló hace poco sobre abordar el tema de la reforma migratoria en su segundo mandato, el mandatario dijo que cualquier medida deberá incluir sanciones a empresas que contraten a inmigrantes sin papeles.
No es una posición nueva, aunque posiblemente lo enfatizará mientras su gobierno lanza los esfuerzos para reformar el sistema migratorio nacional.
"Nuestro objetivo es cumplir y disuadir", dijo Brad Bench, agente especial del ICE en sus oficinas de Seattle. "La mayoría de las empresas que auditamos no terminan con multa, pero nuevamente esto es parte del método de disuasión. Si las empresas saben que andamos por ahí, es más probable que ellas mismas cumplan".
Aunque el gobierno ha utilizado estas cifras para aumentar su historial en la aplicación de leyes migratorias, los defensores de los inmigrantes opinan que las auditorías, al causar despidos masivos e interrumpir las prácticas de los negocios, hacen que los trabajadores se oculten aún más.
Cuando una carta del ICE para una auditoría llegó a Belco Forest Products, la gerencia no se sorprendió tanto. Dos empresas cercanas en Shelton, un pequeño poblado maderero en la bahía de Washington, ya habían sido investigadas.
La investigación del 2010 tomó meses y le costó a la maderera empleados y dinero. Fue multada con $17,700 por tecnicismos en el registro de documentos.
Belco fue una de las 339 empresas multadas en el año fiscal 2011 y una de miles auditadas ese año.
Las empresas deben solicitar a sus empleados que llenen la forma migratoria I-9, donde declaran que están autorizados a trabajar en Estados Unidos. Actualmente el empleador sólo necesita verificar que los documentos de identificación parezcan reales.
Las auditorías "no tienen ningún sentido antes de un programa de legalización", dijo Daniel Costa, analista de política migratoria en el Economic Policy Institute, un centro de análisis en Washington, D.C.
"En realidad se le está dejando todo al juicio subjetivo del empleador. Eso es una falla en la ley. No hay ningún tipo de verificación y lo que se obtiene como resultado es un gobierno haciendo juicios subjetivos sobre un juicio subjetivo".
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